Anber alerta que la industria nacional de refresco está en riesgo
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, Carlos Palumbo, dijo que el contrabando amenaza con destruir la industria nacional.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber), Carlos Palumbo, advirtió este martes que el contrabando de refrescos amenaza con destruir la industria nacional.
Dijo que mensualmente ingresan más de 2.100.000 de cajas de colas negras, por los estados Zulia y Táchira proveniente desde Colombia.
En el Zulia, el 43% de colas negras que se consumen en los hogares zulianos son ilegales, representando casi la mitad del mercado de refrescos. “Con esta realidad, ya no tiene sentido para las empresas mantenerse produciendo en este estado”, sentenció.
Agregó que esta situación pone en riesgo la viabilidad económica y continuidad operativa de las empresas nacionales. Además de la pérdida de más 6.500 de puestos de trabajo directos y más 32.500 puestos de trabajo indirectos que genera la industria nacional de refrescos en toda su cadena de valor.
Palumbo pidió “tomar medidas urgentes, porque en el país hay suficiente capacidad para producir, por esa razón, la importación de refrescos debe cumplir con las normas sanitarias, de etiquetado y de metrología, además de pagar aranceles e impuestos que paga la industria nacional, para competir en igualdad de condiciones”.
Aún cuando el director ejecutivo de Anber reconoció los esfuerzos del Ejecutivo Nacional tras el anuncio de la creación del Estado Mayor contra el contrabando, solicitó la materialización de esta iniciativa cuanto antes, así como la garantía del ordenamiento jurídico venezolano aplicable a los productos de importación; y la prohibición y decomiso de productos que hayan ingresado ilícitamente al mercado venezolano, que atentan contra la industria nacional y ponen en riesgo la salud de los consumidores.
Para finalizar, el director ejecutivo informó que las empresas afiliadas a Anber han ejercido acciones legales ante las distintas instancias competentes con la finalidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico que rige la materia; y ratifican su compromiso de trabajar de forma conjunta con las autoridades para fortalecer la producción nacional y garantizar el derecho que tienen los venezolanos a consumir productos de calidad, en estricto cumplimiento de las normas sanitarias, de metrología y tributarias, siempre en igualdad de condiciones con los distintos competidores del mercado.
